Javier Ugarte Pérez

España tras la dictadura

La transición de la dictadura franquista a la democracia se pactó entre dos partidos que representaban los intereses de una clase media fermentada en el desarrollo de las décadas anteriores: la UCD, representante del centro derecha y PSOE, por el centro izquierda. En ese momento, el Partido Comunista no supo o no pudo validar el prestigio que había conseguido en sus años de oposición al franquismo. Al acuerdo entre los dos partidos de centro, sus críticos lo denominan «Régimen de 1978». La transición asumió las diferencias de riqueza que eran tradicionales en el país, aunque hubo que aprobar un sistema impositivo homologable a las democracias del entorno. La manera de compaginar ambas exigencias consistió en incluir cuantiosas desgravaciones en las nuevas tributaciones. Por ejemplo, en la declaración de la renta, las aportaciones a planes de pensiones privados desgravan, así como cualquier compra que encaje mínimamente en el apartado de «Inversiones» de una empresa; en consecuencia, muchos adinerados crean empresas ficticias para tributar menos por sus gastos. Tales exenciones se han incrementado paulatinamente con el paso de los gobiernos, en lugar de reducirse, lo que ha incrementado la deuda pública del Estado. En consecuencia, los servicios públicos se resienten y la desigualdad social se mantiene. 

La Segunda República concedió derechos sociales y libertades equiparables a los de cualquier otro Estado occidental, pero la dictadura los eliminó. La suma de Guerra Civil y dictadura conllevó que, en la década de 1970, los españoles tuvieran una autoestima muy baja. Al margen de las considerables diferencias de bienestar económico entre los ciudadanos españoles y los de Europa occidental, durante la década de 1970 estos últimos podían divorciarse, utilizar métodos anticonceptivos (como la píldora) y abortar, pero en España se carecía de tales libertades. En estos derechos, incluso les adelantaron muchos países del llamado socialismo «real» (esto es, de Europa del este). El PSOE ganó las elecciones generales en octubre de 1982 y cumplió su compromiso de respetar las propiedades de los ricos, incluyendo los bienes de la familia Franco, adquiridos durante la dictadura por caminos todavía poco investigados. Ahora bien, para ganar elecciones un partido que se proclama socialista debe modificar algún aspecto de lo que encuentra al llegar al poder. 

Un dilema para el PSOE

El dilema que se presentaba era reducir la diferencia entre clases sociales u ofrecer otro tipo de avances a sus electores. Cuando el PSOE se planteaba la alternativa, la coyuntura social era convulsa. Entre las reclamaciones que marcaron el periodo se incluyen la independencia vasca (vía asesinatos de ETA), las luchas sindicales y, por supuesto, las peticiones realizadas por feministas y homosexuales. En coherencia con ello, una de las primeras medidas del gobierno presidido por Felipe González fue aprobar nuevos derechos (individuales); así, si la UCD concedió el divorcio, el PSOE despenalizó el aborto. La última medida debe comprenderse en un contexto donde las mujeres con pocos recursos abortaban en cualesquiera condiciones y con grave riesgo para su salud, mientras las adineradas interrumpían su embarazo en Londres. En ese sentido, la despenalización benefició tanto a las mujeres de clase obrera como a las de clase media, por lo que el PSOE ganó adeptos entre un electorado femenino de amplio espectro. 

La estrategia de ampliar libertades para ganar elecciones resultó tan exitosa que, en el año 2005, José Luis Rodríguez Zapatero, quien tras Felipe González fue el siguiente Presidente del gobierno con el apoyo del PSOE, se atrevió a aprobar el matrimonio igualitario. En el campo de los derechos era la primera vez que, tras la dictadura, España lideraba los países occidentales. Vista su buena aceptación, la medida fue aprobada con rapidez por países de similar cultura y estructura socioeconómica, como Argentina y Portugal, entre otros. De nuevo, los éxitos fueron tantos que el siguiente presidente apoyado por el PSOE, Pedro Sánchez, en 2021 despenalizó el suicidio asistido y la eutanasia con apoyo de Unidas Podemos, con lo que España vuelve a encabezar la lista de Estados con mayores derechos individuales. Es probable que países cercanos sigan el ejemplo español, puesto que la decisión es respaldada por gran parte de la ciudadanía y conlleva escaso desembolso para el Estado. Tales medidas no acarrean más problemas que la tradicional oposición de la Iglesia católica, como ya sucedió cuando se ampliaron otras libertades; quizás el gobierno de Sánchez restañe las heridas de la institución religiosa concediéndole nuevos privilegios, como hicieron González y Zapatero.  

Desde la perspectiva del PSOE, España lideraría la carrera europea por los derechos individuales, pero no se equipararía a otros países en ayudas sociales, puesto que esa decisión conlleva subir los impuestos a unas familias que, en buena medida, se habían enriquecido en la dictadura o encarnaban a la vieja nobleza. Tampoco la clase media era muy partidaria de tributar más. Tal posición explica que, bajo esos años de gobierno del PSOE, se pusiera de moda la expresión «progre»: había que ser progre si uno quería ser moderno, avanzado, europeo. Ahora bien, tal cosa no significaba movilizarse a favor de los derechos laborales, la educación o sanidad públicas o la aprobación de un impuesto a las grandes fortunas. Por el contrario, para ser progre bastaba defender los derechos individuales, algo que los conservadores acaban aceptando porque no afectan a la distribución de la riqueza. Así, cuando el PP gobernó el país, no derogó ninguno de los derechos aprobados por los ministros del PSOE, aunque sus representantes hicieran aspavientos con el fin de convencer al electorado de que sufrían al respetarlos; se trata de un gesto hipócrita para contentar a sus votantes reaccionarios. 

Para hacerse una idea de hasta qué punto el régimen de 1978 protege a las grandes fortunas, pero desampara a la clase obrera, basta recordar las medidas tomadas para paliar la crisis desencadenada en 2008 a consecuencia de las malas prácticas del sector financiero. Los responsables de la crisis (los bancos) fueron rescatados con dinero público que nunca devolverán en su integridad, lo que beneficia a sus propietarios (por cierto, ¿quiénes son?). En cambio, las familias eran desahuciadas sin miramientos, lo que abocó a muchos desalojados al suicidio. Así, se salvó a los bancos mientras se aplicaban los duros artículos de la Ley Hipotecaria a personas incapaces de pagar su hipoteca; para mayor desazón, en gran parte el impago era la consecuencia de perder sus ingresos por el desempleo que provocaba una crisis que las familias tampoco habían generado. 

En las décadas de 1970 y 1980 también se pusieron de moda formas de convivencia, heredadas del jipismo, que han declinado entre las que destaca una apuesta por la vida en común (es decir, en comuna). Tal opción tenía una aureola de rebeldía, puesto que se asociaba a la contracultura, el consumo de drogas y el amor libre. Sin embargo, la apuesta duró poco a consecuencia de la devastación causada por el consumo de heroína (entonces droga de moda) y la irrupción del VIH/SIDA; la conjunción de ambas adversidades terminó con la vida de muchos integrantes de las comunas. Pese a ello, las formas de vida en común constituyen una alternativa valiosa donde impera un mercado inmobiliario inaccesible (por su carestía), empleos precarios (y mal pagados) y libertad de costumbres, como sucede actualmente en muchas ciudades españolas. Lo más parecido a las antiguas comunas son los edificios ocupados («movimiento okupa»), donde se experimentan nuevas formas de relación y convivencia. En gran medida, las iniciativas okupas se desconocen porque los medios de comunicación, controlados en la mayoría de los casos por grandes empresarios, solo ofrecen noticias negativas sobre lo que sucede en esos espacios.  

Al tiempo que ofrecían una ampliación de derechos, los gobiernos de Felipe González, bajo el rótulo de «reconversión industrial», iniciaban en la década de 1980 una lucha contra los sindicatos, fuertemente implantados en grandes empresas públicas. Pese al lema, los gobiernos del PSOE no reconvirtieron industrias, sino que invirtieron en ellas con el fin subastarlas al tiempo que cerraron aquellas (como la minería del carbón) que no interesaban al capital privado. Fuese por cierre de empresas o privatización, el Estado abandonó su base minera e industrial y los sindicatos perdieron fuerza de arrastre social; políticamente, la medida benefició a los conservadores. A partir de ese momento, la economía del país se volcó en un sector servicios de escasa especialización, bajos salarios y concurrencia de mano de obra inmigrante, cuyas ramas más evidentes son la construcción y el turismo. La izquierda también perdió el amplio apoyo que contaba en medios populares a la muerte del dictador. 

Ni los ricos ni la clase media estaban interesados en que España tuviera una industria fuerte si, para conseguirlo, había que negociar con los sindicatos un reparto más equilibrado de la riqueza. Incluso, la clase media se beneficiaba de que el país se especializara en servicios mal pagados porque así dispondría de una mano de obra barata y sumisa; por ejemplo, para cuidar a sus ancianos. Ahora bien, tal base productiva resulta endeble, por lo que todas las crisis habidas en las últimas décadas han sacudido fuertemente la economía española y lastrado su desarrollo. Recuérdese, por un momento, las consecuencias de la actual pandemia de coronavirus para zonas turísticas como las Islas Baleares, la Costa del Sol y Canarias, cuyos hoteles y restaurantes permanecieron cerrados durante meses, fuese por decisión gubernativa o falta de clientes; en cambio, las regiones que todavía conservan alguna base industrial, como sucede con las de la cornisa cantábrica, Navarra y Aragón han resistido mejor la crisis. 

El programa del PSOE defendía los intereses exclusivos de la clase media, aunque pocas veces lo presentaba así, puesto que la «O» de sus siglas (por «obrero»”) les impedía reconocerlo. Pero algo había que ofrecer a los electores para que votaran socialista porque los conservadores precarizan mejor, puesto que sinceramente creen que su incesante proceso de liberalización acarrea progresos; en cambio, la centroizquierda precariza con complejo de culpa. De nuevo, la solución consistió en ampliar derechos individuales. 

El ser determina la conciencia

Para comprender la apuesta por la ampliación de derechos individuales frente al esfuerzo por repartir la riqueza de manera menos injusta hagamos un experimento mental. Pensemos lo que supone progresar para dos mujeres que acaban de entrar en la treintena, una de clase obrera y otra de clase media o alta. Para mejorar, la primera solicitará viviendas sociales, gratuidad en el transporte público y, si alumbra hijos, también guarderías públicas, becas y ayudas para la compra de libros escolares. En cambio, la segunda luchará para que los títulos emitidos por colegios y universidades privadas valgan tanto como los públicos en el mercado laboral, además de ayudas para formarse en tales instituciones. También luchará por medidas que le aseguren la posibilidad de llegar a puestos directivos en igualdad de condiciones con los varones. 

La primera verá los trabajos sexuales (prostitución, pornografía) como una salida laboral; quizás no los considere la mejor opción, pero tampoco los desechará si sus ingresos se hunden. En cambio, la segunda probablemente crea que esos trabajos constituyen un lastre del patriarcado y los combatirá, hasta el punto de llegar a denostar a las mujeres que los realizan. ¿Y qué decir de la gestación subrogada? Para la mujer de clase obrera consiste en una vía para ofrecer hijos a otras personas, de manera gratuita o mediante pago; sin embargo, una mujer de clase media lo considerará un mercado de esclavas, aunque ella recurra a la adopción internacional para conseguir niños sanos que se ajusten a sus deseos. El matiz es importante porque, cuando se gestan hijos para una misma o para otros nunca se sabe qué salud tendrán los bebés; en cambio, cuando se busca un menor en adopción se puede elegir su fortaleza y características. La primera mujer luchará por despegar sus pies del barro; la segunda por romper «el techo de cristal». En estos asuntos, el PSOE también se inclina por satisfacer los deseos de sus votantes de clase media.

Todo lo expuesto afecta a las luchas homosexuales. Un programa de clase media se centrará en los derechos individuales, como el matrimonio igualitario y la parentalidad compartida. Sin embargo, un programa político elaborado por la clase obrera concederá mayor importancia a las ayudas públicas. De lo dicho hasta aquí no cabe concluir que los derechos individuales sean algo a despreciar; por el contrario: son importantes. En especial importan cuando su reclamación nació de situaciones tan dolorosas como las sufridas durante la pandemia de SIDA, en la que murieron miles de varones homosexuales. Al carecer de derechos legales, cuando la vivienda estaba a nombre del fallecido sus familiares desalojaban a sus parejas sin respetar su convivencia de años, ni los bienes comunes. Ahora bien, el derecho a conservar un patrimonio acumulado en pareja es válido para todas las personas, pero resulta claro que es más importante cuantos más bienes haya para heredar; por ello, tal reclamación se incluye en un programa político de clase media y alta, más que obrera. 

Identidades LGBT+

Ni siquiera cabe llamar de igual manera a los homosexuales de una clase y otra. La denominación «gay» y «lesbiana» es más apropiado para designar a personas de clase media y alta, por lo que describe a quienes cuentan con largos años de estudios (en general, con títulos universitarios), especialización laboral y capacidad para viajar al extranjero, sea por placer o con el propósito de formarse. Sin embargo, para denominar a los homosexuales de clase baja, lo habitual es aludir a «maricas», «maricones», «travestis» y «bolleras» (o «tortilleras»). Se trata de personas con menor especialización laboral y entre cuyas ocupaciones se incluye peluquería, hostelería, albañilería, vigilancia privada y trabajos en supermercado (reponedores, cajeras), entre otros. Los integrantes de esta clase hablan poco inglés y apenas viajan al extranjero, a no ser para reencontrarse con su familia de origen en Iberoamérica, Europa del este o el Magreb. A menudo, los maricones no se identifican como homosexuales, ni con las luchas de la clase media: esto es, muchos no se consideran miembros del colectivo LGBT. Desde luego, maricas, maricones y bolleras no constituyen el segmento de mercado al que se dirigen las marcas italianas de moda, ni donde los hoteles y discotecas de Ibiza captan a sus clientes.  

Como muestran las fotos de la década de 1970, las manifestaciones que exigían la derogación de la legislación represiva (como la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación social) se encontraban encabezadas por maricas y travestis. Lo hacían porque estaban acostumbrados a «dar la cara» y, por desgracia, también a que se la rompieran en años donde muchísimos homosexuales vivían de manera oculta sus preferencias amatorias por miedo a la represión policial y al estigma social; en otros casos, quienes se mostraban en público militaban en grupos que propugnaban la revolución sexual a la vez que económica, con un claro sesgo anticapitalista. Tal programa no era del gusto de militantes de clase media que buscaban ser reconocidos como ciudadanos de pleno derecho, antes que cambiar radicalmente la sociedad o invertir los roles de género; no se diga propugnar una revolución socialista. 

Con el ascenso del programa político de la clase media y su aceptación entre los partidos políticos de centro e izquierda, los miembros marginales de la sociedad dejaron de encabezar las manifestaciones y, en su lugar, se instauró el Orgullo LGBT. En consecuencia, durante décadas, la clase obrera dejó de ser visible tanto en los manifiestos como en las manifestaciones homosexuales. No obstante, en la última década, la marcha del Orgullo LGBT se ha mercantilizado de manera evidente. El motivo se debe a que, tras las reivindicaciones políticas que aparecen en las pancartas, las calles se abarrotan de camiones alquilados por empresas que intentan captar la atención de un público heterogéneo, para lo que se llenan de carteles publicitarios. Los miembros de los colectivos denuncian la homofobia y transfobia, pero sus gritos resultan inaudibles al ir acompañados de camiones con equipos de sonido cuyo volumen está en el nivel máximo que permite la tecnología. 

La suma de la mercantilización de un orgullo que responde a intereses de clase media, junto a la facilidad para comunicarse y movilizarse de los homosexuales de clase baja, han impulsado que bolleras, travestis y maricas organicen su propia marcha. La clase media tiene su Orgullo LGBT a celebrar el día de verano que mejor convenga. En paralelo, la clase obrera tiene su Orgullo crítico (o indignado), siempre el 28 de junio en conmemoración con la revuelta de Stonewall. El Orgullo crítico resulta antiguo a la vez que novedoso. Es una manifestación antigua porque recupera eslóganes, reivindicaciones y estética de la generación anterior; no obstante, resulta nuevo porque se da en un contexto de igualdad legal y amplio uso de las tecnologías de la comunicación. Esta reunión cada año está más concurrida y cabe suponer que alumbrará nuevas reivindicaciones. Sin duda, quienes encabezaban las marchas reivindicativas de los años 70 y 80 se encontrarían más a gusto formando parte del Orgullo crítico que del LGBT.